Para Colombia la cifra de muertos en el paro nacional presentados por la ONU son una equivocación!
Este martes 22 de junio , la embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango rechazó el pronunciamiento de Michelle Bachele, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU , sobre los muertos registrados durante el paro nacional que inició el 28 de abril.
Muy molesta se mostró , la representante de Colombia ante la ONU por la alerta que lanzó la alta comisionada sobre la violencia y violación a los derechos humanos en medio del paro nacional.
Asegura Arango que las cifras presentadas por la alta consejera son erradas: “Tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”, señaló la funcionaria colombiana
La molestia de Arango se debió a la intervención, de Bachelet, ante las delegaciones de los 47 estados miembros de este órgano internacional, y en la que mencionó a Colombia en el informe de la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
La oficina de la alta comisionada señaló que se han confirmado 56 muertes (54 civiles y 2 policías) ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que empezaron el 28 de abril, y llamó a que se respete totalmente el derecho a la reunión pacífica” y alentó a “un diálogo que resuelva la crisis”.
Estas declaraciones generaron el rechazo de Alicia Arango quien expresó que la alta comisionada además se “equivocaba” cuando afirmó que los motivos de la protesta tenían que ver principalmente con el acuerdo de paz.
“Todos sabemos que había algunas personas que pidieron la implementación del acuerdo de paz, pero todos sabemos que las protestas no fueron por este motivo, sino por otros motivos distintos. Ese tipo de inexactitudes lo que hacen es poner en riesgo nuestra institucionalidad y la democracia de Colombia que es por la que todos debemos luchar”, afirmó.
“Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el Paro se equivoca y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad, no seguir trabajando sobre rumores”, agregó la funcionaria colombiana.
Es como si para el gobierno de IVan Duque los muertos desaparecen!
Es de anotar que Michelle Bachelet ha realizado, al gobierno nacional, este tipo de llamados de respeto a la protesta social en reiteradas ocasiones. El 30 de mayo, 14 personas perdieron la vida a causa de la violencia durante las manifestaciones.
Ese día, según el organismo internacional, 98 personas resultaron heridas, 54 de ellas a causa de disparos de arma de fuego.
“La Alta Comisionada señaló que su Oficina recibió informaciones sobre individuos armados, incluido un oficial de policía judicial fuera de servicio, que habrían disparado en dirección a manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes. El oficial de policía judicial en cuestión fue apaleado hasta la muerte por una multitud. Según informaciones recibidas, en algunos puntos de la ciudad, algunos individuos privados habrían disparado contra manifestantes en presencia de agentes de la policía”, señaló en un comunicado.
Según el reporte de la Alcaldía de Cali, 13 personas murieron en esa jornada, ocho habrían sido víctimas de armas de fuego, dos por elementos cortopunzantes y otro más por “otras armas”. Estas cifras han aumentado con el pasar de los días.
“Estos hechos son aún más preocupantes dados los avances que se habían logrado para resolver, a través del diálogo, el malestar social, tras el inicio de un Paro Nacional contra varias políticas sociales y económicas del Gobierno”, dijo Bachelet.
La alta comisionada y expresidenta chilena solicitó un avance rápido de la justicia para contrarrestar los hechos de violencia.
“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, aseguró.
Finalmente, Alicia Arango explicó que el Gobierno de Duque siempre ha estado abierto al diálogo, pero que no puede ser posible cuando las solicitudes van en contra de la Constitución y leyes.
