Buscan eliminar política que protege derechos sexuales y reproductivos.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó iniciar el trámite para derogar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, una medida impulsada en el Gobierno de Gustavo Petro que trabaja por la educación sexual y la protección de los derechos reproductivos en Colombia.
La política, establecida mediante la Resolución 1350 de 2026, contempla directrices para orientar la actuación del Estado en materia de sexualidad y reproducción.
Entre sus objetivos se encuentran promover la educación sexual en el sistema educativo, garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, fortalecer las rutas de prevención de las violencias y priorizar a las poblaciones más vulnerables. Su vigencia estaba prevista hasta 2035.
Frente a esta iniciativa, la ministra argumentó que la política presenta cuestionamientos de carácter constitucional y legal, especialmente por las obligaciones que establece para las instituciones educativas, su relación con la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos.
Asimismo, señaló que su implementación contempla compromisos de planeación y financiación sin una identificación plena de las fuentes de los recursos ni de las competencias de gasto. Según explicó, la intención es evitar que, durante el trámite, se adquieran obligaciones que posteriormente resulten más complejas de modificar.
La decisión generó reacciones desde el ámbito político. El expresidente Gustavo Petro cuestionó la postura de la funcionaria y advirtió que la falta de educación sexual podría contribuir al aumento de los embarazos no deseados. Además, calificó la iniciativa como un retroceso en materia de derechos reproductivos y protección de las mujeres.
“Lo que ha hecho la ministra oscurantista es quitarle los derechos reproductivos a las mujeres colombianas”, manifestó el exmandatario.
El debate ahora se centra en las implicaciones que tendría la eventual derogación de esta política pública, tanto para las instituciones educativas como para el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva. Mientras el Ministerio de Educación expone sus reparos jurídicos y financieros, persisten los interrogantes sobre cómo se garantizaría la continuidad de estas medidas de protección y prevención en el país.
