El Ejecutivo defenderá el monto propuesto, pese a los cuestionamientos por los recortes al gasto social.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que el presupuesto nacional será expedido por decreto, luego de la controversia generada por su aprobación en el Congreso. Según lo informado, el Ejecutivo recurrirá al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y defenderá el monto propuesto.
La decisión se produce después de que el presupuesto, inicialmente aprobado en la madrugada del martes 20 de octubre por un valor de $634,6 billones, quedara en entredicho al detectarse que el Senado y la Cámara de Representantes habían votado sobre dos versiones diferentes del artículo 65.
La controversia no solo gira en torno al trámite legislativo, sino también a los recortes contemplados en la propuesta presupuestal y sus posibles efectos sobre los sectores más vulnerables.
Según el medio de comunicación La Silla Vacía, el presupuesto incluía una reducción del 40 % en los subsidios de energía eléctrica y gas para los estratos 1, 2 y 3. Además, la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, reconoció ante el Congreso un faltante cercano a los $5,9 billones destinados a estos subsidios, en vísperas del fenómeno de El Niño y de las altas temperaturas que pueden incrementar el uso de electrodomésticos.
El sector educativo también se vería afectado por una reducción de $500.000 millones en los recursos destinados al SENA. A esto se suma la disminución del 82 % en la inversión para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el ámbito territorial, 14 departamentos recibirían menos recursos. San Andrés registraría una caída de la inversión del 33,2 %, mientras que el Atlántico perdería $451.252 millones.
Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro cuestionó el presupuesto y advirtió sobre los recortes al gasto social.
Con el anuncio de la expedición por decreto, la discusión se centra ahora en la decisión del Ejecutivo de mantener el monto propuesto y en las implicaciones de una medida que llega después de las irregularidades señaladas durante el trámite legislativo.
