¿Posible demanda hacia Colombia?
Tras el anuncio de la contratación de Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes, Portugal se pronunció ante esta decisión, ya que existe un convenio en marcha con la imprenta de ese país.
El manejo de la elaboración de los pasaportes estaba en manos de la Imprenta Nacional de Colombia, en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal. Este modelo lo implementó el gobierno anterior de Gustavo Petro, con la intención de restarle el control total a los privados.
El modelo público, con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, se suspendió a inicios de septiembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se decretó una medida cautelar de suspensión provisional sobre los convenios. El tribunal argumentó la suspensión por la falta de certezas técnicas y la necesidad de acreditar soportes fiscales que permitieran comprender las vigencias futuras.
Sin embargo, la Cancillería colombiana acaba de firmar un contrato con Thomas Greg & Sons por una cifra de $239.000 millones de pesos para la reanudación del antiguo modelo de pasaportes durante 14 meses.
Tras conocer este nuevo contrato, Portugal envió una nota verbal al Gobierno colombiano en la que expresaba sus dudas sobre el futuro del convenio, ya que la suspensión se trata de algo temporal.
Viviana León, exgerente de la Imprenta Nacional, manifestó: «Podría haber un conflicto internacional porque Casa de la Moneda ha cumplido a cabalidad. No se justifica lo que están haciendo con los pasaportes».
La tensión crece tras el anuncio de la Cancillería, en el que manifiesta que se trata de una medida temporal y que tiene la intención de abrir una nueva licitación para seleccionar un nuevo contratista.
«Mientras garantizamos la prestación actual del servicio, avanzamos simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación y en la definición de un cronograma que nos permita asegurar esa continuidad una vez concluido este contrato», explicó Omar Bula, canciller de Colombia.
Tras estos hechos, existe la posibilidad de que Portugal presente una demanda contra el Gobierno colombiano por el presunto incumplimiento del contrato.
