La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto que busca poner fin al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028.
La iniciativa es impulsada por el senador Enrique Gómez. Los sectores políticos y legislativos que respaldan el proyecto argumentan que existen altos costos de funcionamiento, ineficiencia judicial y desacuerdos con el modelo de sanciones establecido por esta jurisdicción.
Entre los principales argumentos se encuentra el incremento progresivo del presupuesto destinado al sostenimiento de la entidad. Asimismo, sus detractores cuestionan las medidas contempladas en las sentencias y señalan que la JEP ha proferido pocas sentencias definitivas.
Cabe recordar que esta institución fue creada con una temporalidad definida por etapas. Tras su puesta en funcionamiento en 2018, se estableció un periodo inicial de vigencia de 10 años, cuyo vencimiento estaba previsto para el 15 de marzo de 2028. Sin embargo, se dispuso una prórroga de cinco años adicionales para concluir las labores judiciales y proferir sentencias, lo que extendería su vigencia hasta 2033.
Esto se enmarca en la disposición constitucional según la cual la vigencia del tribunal especial y el ejercicio de sus funciones no podrían extenderse por más de 20 años.
Por su parte, la JEP advierte que el cierre anticipado planteado en el proyecto generaría riesgos para los derechos de las víctimas, podría saturar la justicia ordinaria y comprometería el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Comunicado vía X: JEP
Por ahora, la iniciativa solo ha superado su primer debate en el Senado. Si obtiene la aprobación en los debates restantes, marzo de 2028 sería la fecha prevista para poner fin al funcionamiento de la JEP, de acuerdo con lo planteado en el proyecto.
La propuesta abre un debate en el país entre quienes defienden la continuidad de la jurisdicción, al considerar fundamental su papel en la reparación de las víctimas, el perdón y la no repetición de los hechos violentos que han marcado históricamente a Colombia, y quienes cuestionan la financiación de una entidad con este enfoque y abogan por la aplicación de sanciones más severas.
