En Colombia, los muertos siguen recibiendo subsidios e indemnizaciones. Alerta de la Contraloría por irregularidades en ejecución de la Ley de Víctimas
En las últimas horas la Contraloría General de la República emitió una alerta temprana relacionada con en el manejo de los giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria y en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Víctimas, que suman más de 82 mil millones de pesos.
Lo preocupante para el ente de control, es que estas inconsistencias en la ejecución de recursos se estarían presentando desde el año 2012 destinados.
Así lo dio a conocer la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI)
En relación con la Indemnización Administrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de $5,5 billones.
Y como para no creer , se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados . Lo grave es que estos pagos fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de la defunción del beneficiario. Esta irregularidad, que fue detectada gracias a la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, representa, con corte a marzo de 2021, 647 millones de pesos.
De otra parte y con cruce entre las bases de datos Indemniza con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.
También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.
De igual manera, la Contraloría General de la República evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.
Los pagos a personas fallecidas también se dieron por ayudas humanitarias . El ente de control halló que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.
Realizados los cruces de la base de datos de Ayudas Humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas, con la base de datos de Registraduría Nacional, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.
La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.
De estos giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por valor de $32 millones, y 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones.
También se identificaron 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registraduría. Y 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría NEC.
Los Subsidios familiares de vivienda urbana, no escaparon de esta práctica corrupta , pues la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega. Estos hechos son evidenciados desde el 2003
Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.
Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.
Desde 2003, se encontraron 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado – CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda.
