La memoria histórica de Chile enfrenta una nueva disputa presupuestaria.
La memoria histórica de Chile enfrenta una nueva disputa presupuestaria. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla reducciones en los recursos destinados a preservar sitios de memoria y continuar la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura. La controversia aumentó cuando una subcomisión mixta del Congreso rechazó partidas vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda y redujo a 1.000 pesos chilenos una transferencia destinada a sitios de memoria. Aunque el trámite presupuestario continúa, la decisión encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos.
Según una investigación de CIPER Chile, el Programa Sitios de Memoria pasaría de 915 millones a 683 millones de pesos chilenos, una reducción del 25,3 %. Las organizaciones advierten que el ajuste podría afectar el mantenimiento de espacios históricos, las visitas educativas y la conservación de lugares vinculados con la represión política. No se trata únicamente de preservar edificios: estos espacios resguardan testimonios y evidencias fundamentales para comprender uno de los periodos más dolorosos de la historia chilena.
La preocupación también alcanza a las investigaciones sobre personas desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una reducción de los recursos para diligencias y peritajes forenses, necesarios para buscar restos, analizar evidencias y avanzar en la identificación de víctimas. Mónica Monsalves, representante de la Corporación Memorial Cerro Chena, advirtió sobre los riesgos para la gestión y el mantenimiento de estos lugares. A su vez, Claudia Bascuñán Álamos, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Liquiñe, cuestionó que la verdad, la memoria y la justicia puedan quedar condicionadas por las decisiones presupuestarias de cada gobierno.
El Gobierno defiende su propuesta y asegura que las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda continuarán. La Subsecretaría de Derechos Humanos atribuye los ajustes a una planificación más eficiente del gasto. Sin embargo, las autoridades y las organizaciones no están midiendo exactamente lo mismo: mientras el Gobierno considera el presupuesto total del programa, las críticas se concentran en los recursos disponibles para las investigaciones y los peritajes. La pregunta es si los fondos restantes permitirán mantener el ritmo de trabajo y cumplir los objetivos anunciados.
La controversia deja una pregunta de fondo: ¿puede un Estado garantizar el derecho a la verdad mientras reduce los recursos destinados a preservar la memoria y esclarecer las desapariciones? Los sitios de memoria son parte del patrimonio histórico y cumplen una función educativa para las nuevas generaciones. Por eso, el debate sobre el Presupuesto 2027 no se limita a cifras: también pone a prueba el compromiso institucional con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El desafío será determinar si las decisiones presupuestarias garantizan la continuidad de estas tareas o terminan debilitándolas.
