La propuesta de la ONU busca medir resultados: ¿será esto posible?
Organizar conciertos, abrir museos y anunciar festivales no garantiza que toda la ciudadanía tenga acceso a la cultura. Esa es la discusión que plantea Alexandra Xanthaki, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, quien propone evaluar no solo la cantidad de actividades disponibles, sino también quiénes participan, quiénes quedan excluidos y qué obstáculos les impiden ejercer este derecho. La pregunta resulta incómoda para las instituciones: ¿se está midiendo el impacto real de las políticas culturales o simplemente se están sumando eventos y programas?
La propuesta pone el foco en las desigualdades que pueden esconder las cifras oficiales. Una ciudad puede tener teatros, bibliotecas y museos, pero eso no significa que sus habitantes tengan las mismas oportunidades para disfrutarlos. Los ingresos económicos, la distancia, la discapacidad y la falta de participación de determinadas comunidades en las decisiones pueden convertirse en barreras. Para Xanthaki, la evaluación debe partir de las experiencias de las personas y no convertirse, como advirtió ante los Estados miembros, en un simple ejercicio de marcar casillas.
La discusión también tiene voces críticas. La Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) advirtió que los mecanismos de evaluación pueden pasar por alto a comunidades cuya identidad, lengua o participación política no están suficientemente reconocidas. En sus aportes a la relatora, la organización cuestionó que la existencia formal de espacios participativos sea suficiente para demostrar una inclusión real. Su planteamiento va más allá de asistir a una actividad: también importa quién decide, quién tiene voz y quién se beneficia de las políticas culturales.
Desde otra perspectiva, la Unión Europea respaldó la importancia de evaluar de manera efectiva los derechos culturales y preguntó qué criterios podrían utilizarse para medir los avances y mejorar la participación. Durante el diálogo en Naciones Unidas, el Grupo de Amigos de la Cultura, con una declaración presentada por Italia, también apoyó el desarrollo de herramientas para identificar vacíos y fortalecer la inclusión. Sin embargo, queda un reto central: construir indicadores comparables sin reducir la diversidad cultural de cada comunidad a una cifra.
El debate deja una pregunta que va más allá de los organismos internacionales: ¿de qué sirve una agenda cultural llena si una parte de la población sigue sin sentirse representada o no puede acceder a ella? La propuesta de la ONU busca que los gobiernos midan resultados concretos, escuchen a las comunidades y detecten quiénes están quedando por fuera. Porque el éxito de la cultura pública no se mide únicamente por la cantidad de eventos realizados, sino también por las oportunidades reales de crear, participar y sentirse parte de la vida cultural.
