36 años de espera para pueblos étnicos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al mayor del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por torturar a dos indígenas arhuacos y calificó estos hechos como crímenes de guerra. Además, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a siete antiguos miembros de la Fuerza Pública por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de tres mamos arhuacos.
Después de 36 años de espera para los pueblos étnicos, la JEP atribuyó responsabilidad al mayor Hernán Carrera Sanabria por los hechos de tortura contra Amado y Vicente Villafañe Chaparro, dos integrantes del pueblo indígena Arhuaco.
El compareciente reconoció su responsabilidad y deberá elaborar una propuesta de reparación consistente en la recuperación del cerro Inarwa, considerado un sitio sagrado de carácter espiritual y de peregrinación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por otra parte, siete antiguos miembros del Ejército fueron remitidos a la UIA al no reconocer su responsabilidad en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Nápoles Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, máximos líderes espirituales de ese pueblo. Estos hechos fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los siete exintegrantes se encuentran Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada, y cuatro coroneles en retiro: Luis Fernando Duque Izquierdo, Luis Fernando Urrego Ávila, Rafael Mejía Roa y Álvaro Matallana Eslava. También fueron remitidos el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo y Cosme García Camacho.
De acuerdo con el informe de la JEP, se logró esclarecer la forma en que fueron asesinados los mamos, líderes espirituales de la comunidad indígena. Asimismo, se documentaron hechos de estigmatización contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y la participación de hacendados y empresarios del Cesar en estos crímenes.
También se identificaron algunos de los lugares donde permanecieron los mamos antes de ser asesinados, entre ellos una casa ubicada en la plaza Mayor Alfonso López de Valledupar y una hacienda ganadera en El Copey.
Los hechos ocurrieron cuando los líderes indígenas se dirigían a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y abogar por los derechos de los pueblos étnicos, su autonomía, el respeto por la naturaleza de sus territorios y la construcción de una paz duradera.
Durante el trayecto, los mamos fueron interceptados por hombres armados bajo la coordinación de Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, en presencia del coronel Luis Fernando Sánchez. Según su declaración, había recibido la orden del fallecido general Hugo Tovar de permanecer en la zona y establecerse en las haciendas donde permanecerían los Mamos secuestrados.
De acuerdo con el informe de la JEP, en esos lugares permanecían instaladas tropas del Ejército y grupos paramilitares.
El tribunal también indicó que la estigmatización contra los mamos se originó por la utilización del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de integrantes de las antiguas FARC-EP, quienes lo empleaban para esconder armas y personas secuestradas. Según las declaraciones recogidas por la JEP, esta situación desencadenó señalamientos contra el pueblo arhuaco y graves violaciones a los derechos de sus autoridades espirituales.
La JEP señaló, además, que se encontraron restos óseos humanos en la hacienda Bethania, uno de los lugares utilizados para mantener a los secuestrados. Este hallazgo motivó el envío de copias a la Fiscalía para avanzar en las investigaciones penales y en los procesos de extinción de dominio.
Durante la audiencia dialógica, en la que participaron autoridades de todos los pueblos de la Sierra Nevada, los representantes indígenas calificaron como insuficientes y falsos los aportes a la verdad presentados por los comparecientes.
Con estas actuaciones, la JEP avanzó en el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace 36 años, relacionados con la tortura de dos indígenas y el secuestro, tortura y homicidio de tres mamos arhuacos. El tribunal destacó que continuará trabajando para determinar las responsabilidades y responder a las demandas de verdad, justicia y reparación de los pueblos afectados.
